Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
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BOP: Nº 126 de 02-julio-2012
Páginas: 13479 - 13520
Referencia: 5045/2012

Fichero Edicto BOP-2012-5045.pdf PDF del Anuncio


ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY (JAÉN)

Notificación de aprobación definitiva de las Ordenanzas que se indican.

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Don José Luis Murillo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuerte del Rey (Jaén).
Hace saber:
Que habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno de esta Corporación las Ordenanzas Reguladoras siguientes, habiendo permanecido el expediente expuesto al público durante el periodo de treinta días, sin que durante el mismo se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente aprobado dicho acuerdo, cuyo texto íntegro es el siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS CONSTITUIDOS POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS E INSTALACIONES ANEJAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
TÍTULO PRELIMINAR.
Exposición de motivos:
El Ayuntamiento de Fuerte del Rey precisa disponer de una Ordenanza Reguladora de la actividad de ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa, con el fin de regular una actividad que es solicitada cada año por los negocios de la localidad.

En estos últimos años las solicitudes de ocupación del espacio público han aumentado, y con el fin de hacer compatible la utilización del espacio público para el disfrute de los usuarios de la vía con la ocupación de la misma por parte de los titulares de establecimientos, se toman medidas tendentes a buscar la seguridad de uso y utilización y una distribución equitativa y razonable de ese dominio público. Se busca ante todo que el aprovechamiento del suelo público se haga de manera ordenada y se guarden los principios de accesibilidad y seguridad tanto para los clientes y trabajadores como para los viandantes. Es por tanto esta Ordenanza de carácter fiscal, pues fija el importe de la tasa a satisfacer para obtener el aprovechamiento, pero es sobre todo de carácter regulador en cuanto que fija y delimita la manera de realizar la ocupación garantizando de esta manera la seguridad de los trabajadores de los establecimientos solicitantes, sus clientes y las personas ajenas a la actividad tanto a pie como en cualquier tipo de vehículo.


TÍTULO I.
OBJETO Y ÁMBITO.
CAPÍTULO PRIMERO.
OBJETO.
Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza regula la utilización privativa o aprovechamiento constituido por la ocupación de los terrenos de uso público mediante mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería que dispongan de licencia de actividad en regla en el municipio de Fuerte de Rey.

Dicha actividad queda sometida a la previa obtención de la licencia municipal correspondiente. Se prohíbe la instalación de terrazas en la vía pública sin licencia municipal.

La ocupación de terrenos de titularidad privada y uso público con mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa queda sometida a la presente Ordenanza, excepto en lo referido a la licencia municipal del negocio de hostelería solicitante.
Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
1.-Terraza: conjunto de veladores y demás elementos instalados fijos o móviles autorizados en terrenos de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería.
2.-Velador: Conjunto compuesto por mesa y cuatro sillas instalado en terrenos de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería, cuya ocupación será de 2,25 m2, como máximo (superficie de un cuadrado de 1,5m de lado).
3.-Instalación de la terraza: la realización de trabajos de montaje de los veladores en el lugar habilitado, dispuestos para el ejercicio de la actividad propia.
4.-Recogida de terraza: la realización de los trabajos de desmontaje del mobiliario, al finalizar la actividad diaria y encerramiento en locales habilitados al efecto o cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o sus Agentes, en los supuestos del Artículo 21. 2 apartado b) de esta Ordenanza.
5.-Retirada de la terraza: la realización de los trabajos de retirada del mobiliario, jardineras, mamparas y demás elementos fijos o móviles, integrantes de la misma, al finalizar la temporada o cuando sea requerido por la Autoridad Municipal o sus Agentes, en los supuestos del Artículo 21. 2 apartado b) de esta Ordenanza.




CAPÍTULO SEGUNDO.
ÁMBITO.
Artículo 3. Ámbito Territorial.

La presente Ordenanza será de aplicación a todas las ocupaciones de terrenos de uso público que se encuentren en el término municipal de Fuerte del Rey, en las condiciones señaladas en el artículo 1 de esta Ordenanza.
Artículo 4. Ámbito Temporal.
Los aprovechamientos por la ocupación de los terrenos de uso público mediante su ocupación con mesas, sillas e instalaciones anejas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería pueden ser:
a) Todo el año: cuando se autoricen para todo el año natural.
b) Temporada de Verano: periodo comprendido entre el 15 de Mayo y el 15 de Septiembre (se empleará para el cálculo 122 días).
c) Por quincenas, fuera de la temporada de verano.
TITULO II.
EMPLAZAMIENTO Y MOBILIARIO.
CAPÍTULO PRIMERO.
EMPLAZAMIENTO.
Artículo 5. Emplazamiento.
1.-Acerados.
El ancho mínimo de acera en la que se permitirá la instalación de terraza será de 2,50 metros lineales.
La instalación de la terraza se instalará de forma que:
Quedará como mínimo un paso libre de 1,20 metros lineales desde la línea de fachada a la línea de terraza y como mínimo 0,50 metros lineales desde la terraza al bordillo de la calzada.
No se autorizarán terrazas en acerado que invadan la calzada, en zona de aparcamiento de vehículos, parada de transportes públicos, accesos a centros públicos durante el horario de atención al público de los mismos, zonas de paso de peatones y asimismo se dejarán libres bocas de riego, vados permanentes, el acceso a locales y portales de viviendas, salvo acuerdo expreso con los propietarios. Se hará la excepción en las calles en que dicha fachada sea ciega, es decir que no posea entradas ni escaparates. En este supuesto se podría adosar la terraza a la fachada, cuando coincida titular de la terraza con propietario del inmueble o exista autorización por escrito del mismo.
2.-Calzadas.
Las terrazas que ocupen la calzada deberán dejar libre el acerado contiguo en su totalidad, en el caso de las vías de sentido único deberá quedar un ancho útil de calzada, desde la línea exterior de terraza al borde del acerado de enfrente, de 3,00m. Para las vías de doble sentido el ancho será de 5,00m. Se permitirá la instalación de terrazas fijas únicamente durante la temporada de verano siempre y cuando no suponga el corte total de la circulación por la vía.
Tanto si son de carácter permanente como temporales, las terrazas en calzadas deberán disponer de una separación física que la delimite, se permite cualquier tipo de vallado, previa autorización del Ayuntamiento. El Ayuntamiento podrá denegar su uso atendiendo a criterios de seguridad, estéticos, etc.
Las terrazas dispondrán de señalización clara y visible de día y de noche a un mínimo de 10,00m y un máximo de 15,00m en cada sentido de circulación de la vía. Si la instalación de la terraza supusiera el corte del tráfico de una vía, esta circunstancia será señalizada de manera análoga a la anterior en todas las vías que permitan el giro y la incorporación a la vía cortada a la circulación.
3.-Plazas públicas y demás espacios libres:
Se autorizarán la instalación de terrazas en las plazas y otras zonas salvo prohibición expresa. Se ajustará a lo señalado en el apartado de acerados del artículo 5. La instalación de estas terrazas en Plazas deberá dejar siempre una separación no inferior a 3,00m a los accesos a dicha plaza, así como a los elementos de uso público tales como bancos o fuentes.
La autorización de las terrazas, con carácter general, será en la misma vía pública donde se realice la actividad de hostelería y su ubicación en la zona próxima a la fachada del establecimiento.
En el caso de locales con actividad hostelera cuya situación sea próxima, la ubicación de las terrazas de los mismos no podrá sobrepasar la línea de fachada de cada uno, excepto cuando los propietarios de los locales estén de acuerdo con otra distribución, debiendo adjuntar escrito firmado por ambas partes, y sea aprobado de forma expresa por el Ayuntamiento.
Aunque como norma general se respetarán los emplazamientos establecidos, se admitirá otro tipo de emplazamiento previa solicitud del interesado acompañada del correspondiente plano debidamente acotado, donde figurará la situación exacta de los veladores y las distancias a los paramentos, accesos y demás elementos singulares de los edificios colindantes.
Dicho plano de emplazamiento, que será analizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, formará parte de la licencia y será debidamente diligenciado.


CAPÍTULO SEGUNDO.
MOBILIARIO.
Artículo 6. Mobiliario.
a) El mobiliario, toldo y sombrillas y demás elementos decorativos que pretendan instalarse en la terraza, deberán ser autorizados por el Ayuntamiento. La instalación de tarima a fin de salvar exclusivamente el desnivel, del terreno, precisará de la autorización correspondiente.
b) No se permitirá la instalación en las aceras de mostradores u otros elementos para el servicio de la terraza, que deberá ser atendida desde el interior del propio establecimiento, o bien dentro del espacio por el que se realiza el cálculo de superficie.
c) La terraza, salvo las fijas de temporada, será recogida al finalizar la actividad diaria. El mobiliario de la terraza solamente podrá permanecer apilado en la vía pública, desde su recogida durante la noche y hasta una hora después de la hora máxima de cierre.
d) No existirán más elementos en la vía pública que los necesarios para la instalación de la terraza autorizada:
e) La instalación de sombrillas individuales autorizadas, solamente se permitirá durante la temporada comprendida entre el 15 de Mayo y el 15 de septiembre, en horario comprendido entre las 10: 30 horas y las 21: 00 horas. Una vez finalizado dicho horario las sombrillas deberán ser retiradas de la vía pública.
f) Se prohíbe la instalación de mobiliario distinto al autorizado por la Autoridad Municipal.
TITULO III.
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA TERRAZA.
Artículo 7. Obligaciones del titular de la terraza.
1) Deberá mantener ésta y el mobiliario en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, siendo responsable de la recogida de residuos que puedan producirse en ella o en sus inmediaciones, derivados de su actividad comercial.
2) El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán dentro de la zona de la terraza, como asimismo las mamparas, jardineras, etc. que se instalen como elemento delimitador o identificativos de la misma.
3) No se permitirán o promoverán espectáculos o actuaciones musicales sin expresa autorización municipal. Las actuaciones musicales en las terrazas, estarán sometidas a control administrativo quedando limitada dicha actividad desde las 20: 00 horas y hasta las 01,00 horas máximo, debiendo cesar las mismas a las 00: 00 horas los días de diario y las 01: 00 horas las vísperas de festivos. No se permitirá la utilización de altavoces, amplificadores o reproductores de imagen y/o sonido, vibraciones acústicas ni de reproducción visual a partir de las 00: 00 h.
4) El titular de la licencia de terraza, está obligado a instalar todos los veladores y demás elementos de la terraza autorizados que tenga apilados en la vía pública. Queda prohibido ejercer la actividad de terraza con alguno o algunos de los veladores o elementos apilados en la vía pública. No podrán permanecer en la vía pública durante el ejercicio de la actividad de terraza las cadenas, correas u otros dispositivos utilizados para asegurar la terraza durante la noche.
5) Recogerá diariamente los elementos de la terraza. Al finalizar la temporada, todos los elementos fijos o móviles, se retirarán por el interesado, haciéndose subsidiariamente por la Autoridad municipal y a costa de aquel. De manera excepcional, se permitirá la no recogida diaria de las terrazas durante los días que duren las Fiestas de carácter municipal, debiendo estas ser totalmente recogidas una vez concluidas las mismas.
6) Adoptará las previsiones necesarias a fin de que la estancia en las terrazas no ocasionen molestias a los vecinos, señalándose como hora de recogida de la misma, durante los meses fuera de la temporada de verano, las 00,00 horas los días laborables, ampliándolo a las 01. 30 horas las noches de viernes a sábados, sábados a domingos y vísperas de festivos, mientras que en temporada de verano el horario de cierre se amplía a las 01,30 horas los días laborales y las 02. 30 horas las noches de viernes a sábados, sábados a domingos y vísperas de festivos. En el caso de que el horario de cierre del establecimiento sea anterior a los establecidos, el titular del mismo deberá atenerse, en lo que a la recogida de la terraza respecta al horario determinado por la Junta de Andalucía, competente en la materia. De manera excepcional se ampliará este horario de cierre en los días en que se celebren la Fiestas de la Localidad hasta las 03: 30h.
7) Para evitar los problemas de exceso de ocupación, se fijará además de los metros cuadrados autorizados, el número de veladores (mesa y cuatro sillas) que podrá instalar. La ocupación por velador será de 2. 25 m2, como máximo.
8) El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a recoger la misma cuando se ordene por la Autoridad municipal o sus Agentes en el ejercicio de sus funciones, por la celebración de cualquier acto religioso, social, festivo o deportivo y la terraza esté instalada en el itinerario o zona de influencia o afluencia masiva de personas. En estos supuestos, la Administración comunicará, bien de forma verbal por sus Agentes o por escrito, este hecho al titular con suficiente antelación, quien deberá retirar la terraza antes de la hora indicada en la comunicación y no procederá a su instalación hasta que finalice el acto.
9) Los posibles desperfectos o daños al mobiliario urbano u otros elementos tales como los pavimentos o zonas verdes provocados como consecuencia de uso de la terraza serán responsabilidad del titular de la misma.
CAPÍTULO PRIMERO.
SOLICITUDES.
Artículo 8. Solicitudes.
1.-Las instancias, que se presentarán con 10 días, como mínimo, de antelación a la fecha de instalación que se requiera, deberán especificar los datos personales, nombre comercial del establecimiento, fecha inicio-final de instalación, dimensiones de la terraza, ancho de la acera libre para peatones, número de mesas, sillas, toldos y sombrillas y demás elementos decorativos o delimitadores. En dicha solicitud se hará constar en el caso de que se requiera cortar el tráfico de la vía, los días en que se hará efectivo. Se permitirá de manera excepcional el corte al margen de los días reseñados siempre y cuando se solicite al Ayuntamiento con al menos 2 días de antelación y éste de su aprobación.
2.-Para cualquier alteración de las condiciones en la solicitud se actuará como una solicitud independiente, debiendo realizarse como se refleja en el apartado 1 del presente artículo.
CAPÍTULO SEGUNDO.
DOCUMENTOS.
Artículo 9. Documentos.
1.-A la instancia se acompañará:
a) Licencia de apertura del establecimiento.
b) Plano de emplazamiento a escala 1: 500.
c) Plano acotado, a escala 1: 200, con definición exacta de su ubicación y distancias a fachadas y bordillos, superficie a ocupar y colocación del mobiliario.
d) Fotografía del espacio a ocupar con la terraza y el mobiliario a instalar.
e) Copia compulsada del Seguro de Responsabilidad Civil que comprenda las actividades fuera del local.
2.-Todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicios de terceros, entendiéndose concedidas en precario, pudiendo la Corporación disponer su retirada, temporal o definitiva, sin derecho a indemnización alguna. Las licencias se entenderán concedidas con carácter personal e intransferible, estando prohibido el subarriendo y su explotación por terceros.
3.-Las licencias concedidas, se entenderán renovadas para años sucesivos, mediante el pago de la tasa correspondiente, siempre que no exista variación en sujeto pasivo, superficie, tiempo de ocupación respecto de la inicialmente concedida y se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Fuerte del Rey.
La instalación de terraza, sin haber efectuado el pago de la tasa del año anterior será considerada, a efectos de esta Ordenanza, instalación de terraza sin licencia municipal.
CAPÍTULO TERCERO.
CAMBIO DE TITULARIDAD.
Artículo 10. Cambio de titularidad.
Cuando se produzca un cambio de titular de un establecimiento que tenga autorizada instalación de terraza, el adquirente deberá solicitar cambio de titularidad de la misma, siendo suficiente la comunicación por escrito al Ayuntamiento y el pago de las tasas correspondientes, siempre que no sufran variación alguna de las situaciones señaladas en el apartado 3 del Artículo 9 de esta Ordenanza.
TITULO IV.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 11. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso público con la instalación de mesas y sillas así como elementos anejos (mostradores, parillas, pérgolas, toldos, etc.) con finalidad lucrativa.
Artículo 12. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades que se señalan en el artículo 35. 4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento de los terrenos de uso público, si se procedió sin la oportuna autorización.
CAPÍTULO PRIMERO.
CUOTAS.
Artículo 13. Cuotas.
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos en metros cuadrados en función del tiempo de aprovechamiento.
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
Tasa fija por corte de circulación: 7,50€/día (en fracciones de 6 horas).
Tasa por ocupación:
- Anual: 0,020 €/m.2 x 365 días.
- Temporada: 0,035 €/m.2 x 122 días.
- Quincena: 0,055 €/m.2 x 15 días.
A los efectos previstos para la aplicación del apartado anterior se tendrá en cuenta lo siguiente:
Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.
Se tomará como referencia para el cálculo de la tasa la superficie resultante del área solicitada mediante el plano que acompañe la solicitud.
En el caso de las terrazas en acerado, la superficie será la total ocupada sin descontar los anchos que se han de dejar libres según el artículo 5 apartado 1 de la presente Ordenanza.
Artículo 14. Exenciones.
Dado el carácter de esta Tasa, no se admitirá bonificación ni exención alguna.
CAPÍTULO SEGUNDO.
DEVENGOS.
Artículo 15. Devengo.
1. El devengo y por tanto la obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia o en el momento de realizar la ocupación de los terrenos de uso público si se hizo sin licencia.
2. El pago de la tasa se realizará por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
En caso de existir cuotas no satisfechas, se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio según lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
En el caso de que fuese incumplida la expresada orden podrá retirarlos el Ayuntamiento mediante ejecución a costa del interesado, dando lugar a la inhabilitación para sucesivas autorizaciones.
TÍTULO V.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
CAPÍTULO PRIMERO.

INFRACCIONES.
Artículo 16. Infracciones.
1.-Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la presente Ordenanza, así como de las condiciones impuestas en las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.
2.-Responsabilidad: serán responsables de las infracciones a esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas titulares de las licencias y autorizaciones administrativas de la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.
Artículo 17. Clasificación de las infracciones.
1.-Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y leves.
Artículo 18.-Son infracciones muy graves:
a) La instalación de terraza sin licencia municipal.
b) La instalación de cualquier elemento en la terraza sin la debida autorización municipal.
c) La instalación de terraza en emplazamiento distinto al autorizado.
d) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un treinta por ciento.
e) La instalación de terraza de forma que se obstaculicen zonas de paso peatonal, el acceso a centros o locales públicos o privados y el tránsito de vehículos de emergencia.
f) La falta de recogida diaria de la terraza.
g) La falta de retirada de la terraza al finalizar la temporada.
h) No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza de forma reiterada y grave.
i) Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras personas.
j) La negativa de recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la Autoridad Municipal o sus Agentes, con motivo de la celebración de algún acto en la zona de ubicación o influencia de la terraza.
k) Desobedecer las órdenes de los Servicios Municipales, así como obstruir su labor inspectora.
f) Colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas fuera del plazo establecido.
l) La comisión de dos infracciones graves en un periodo de un año.
Artículo 19. Son infracciones graves:
a) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un diez por ciento y en menos de un treinta por ciento.
b) La instalación de mayor número de veladores u otros elementos de los autorizados.
c) No instalar todos los veladores autorizados, dejando parte de ellos apilados en la vía pública durante el ejercicio de la actividad.
d) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato.
e) La celebración de actuaciones musicales sin autorización municipal.
f) No respetar los horarios de cierre y apertura de la terraza.
g) El corte de una vía fuera de lo establecido en el artículo 8.
h) La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año.
i) No señalizar la ubicación de la terraza conforme a lo establecido en el artículo 5.
Artículo 20. Son infracciones leves:
a) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en menos de un diez por ciento.
b) No instalar elementos fijos o móviles y dejarlos apilados en la vía pública o las cadenas, correas u otros dispositivos utilizados para asegurar la terraza durante la noche.
a) Los incumplimientos de la presente Ordenanza que no estén calificados como graves o muy graves.
CAPÍTULO SEGUNDO.

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
Artículo 21.-De las Medidas Cautelares.
1.-Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza consistirán en la retirada del mobiliario y demás elementos de la terraza en los supuestos establecidos en el punto 2 apartado b) del presente artículo, así como su depósito en dependencias municipales
2.-Potestad para adoptar medidas cautelares:
a) El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, por propia iniciativa o a propuesta del Instructor, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
b) Excepcionalmente, los Servicios de Inspección, por propia autoridad, están habilitados para adoptar las medidas cautelares que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, en los siguientes supuestos:
- Instalación de terraza sin licencia municipal.
- Ocupación de mayor superficie de la autorizada.
- Cuando requerido el titular o representante para la recogida, retirada o no instalación de terraza y se incumpla lo ordenado por la Autoridad Municipal o sus Agentes en los supuestos del Artículo 7 apartado 8 de esta Ordenanza.
En estos supuestos, los trabajadores asignados por el Ayuntamiento requerirán al titular o persona que se encuentre al cargo del establecimiento para que proceda a la inmediata retirada de la terraza o a la recuperación del espacio indebidamente ocupado. De no ser atendido el requerimiento, los trabajadores municipales solicitarán la presencia de los servicios municipales que correspondan para que procedan a su retirada, efectuando la correspondiente liquidación de los gastos ocasionados por la prestación de dicho servicio, según lo establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente.
3.-Las medidas cautelares durarán el tiempo estrictamente necesario y deberán ser objeto de ratificación o levantamiento dentro de los diez días siguientes al acuerdo de iniciación.
CAPÍTULO TERCERO.
DE LAS SANCIONES.
Artículo 22. Sanciones.
Las infracciones a esta Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
1.-Las infracciones muy graves:
Multa de 300,10 Euros a 600 euros y suspensión temporal o definitiva de la licencia municipal.
2.-Las infracciones graves:
Multa de 60,10 Euros a 300 euros y suspensión temporal de la licencia municipal de 16 a 30 días.
3.-Las infracciones leves:
Multa de hasta 60 euros y suspensión temporal de la licencia municipal de 1 a 15 días.
TÍTULO VI.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Artículo 23. Procedimiento Sancionador.

En cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y, con carácter supletorio, el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa específica de vigente aplicación.
Artículo 24. Órgano Competente.
Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el Alcalde del Ayuntamiento de Fuerte del Rey o Concejal en quien delegue.
La función instructora se ejercerá por la unidad o persona que designe el órgano competente para la incoación del procedimiento. Esta designación no podrá recaer en quien tuviera competencia para resolver el procedimiento.
Será órgano competente para resolver el procedimiento el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fuerte del Rey o Concejal en quien delegue.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo regulado en la misma.
DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA.

Se faculta al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuerte del Rey, para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar la presente Ordenanza, que se incorporarán como anexo a la misma.
ORDENANZA MUNICIPAL DE CAMINOS.

Artículo 1. Fundamento Legal.

La presente Ordenanza se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo 25. 2. b) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; en el Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, en aquello que resulte de aplicación.

Artículo 2. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, conservación, uso y disfrute, ordenación del tráfico de vehículos y personas, y protección de los caminos públicos de titularidad municipal existentes en el término municipal de Fuerte del Rey.

Artículo 3. Definiciones.

1. Son caminos, a los efectos de esta Ordenanza, las vías de dominio y uso público, destinadas principalmente al servicio de explotaciones o instalaciones agrícolas, que comunican los distintos parajes pertenecientes al término municipal.

2. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de caminos:

- Los señalados en el Anexo I de la Ordenanza.

- Todos aquellos caminos cuyo uso característico fundamental sea el agropecuario, ambiental o cinegético, destinado al uso general aunque no estén incluidos en el apartado anterior.

- Aquellas vías no incluidas en la red de carreteras de Andalucía conforme al artículo 3. a), 1 y 2, de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

- No son caminos públicos los pasos o accesos desde caminos o carreteras a explotaciones agropecuarias que tengan constituida una servidumbre de paso. Asimismo, aquellos que discurran íntegramente por finca privada no comunicando propiedades de titulares distintos y destinados al servicio de un único titular.

Artículo 4. Bienes de Uso Público.

1. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, con los artículos 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y con los artículos 54 y siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, los caminos de titularidad municipal son bienes de uso público, de aprovechamiento o utilización generales por cualquier ciudadano.

2. Serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por el camino y sus elementos funcionales.

3. En todo caso, para utilizarse de forma común especial, de conformidad con lo establecido al efecto por el artículo 30 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y por el artículo 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, será necesaria licencia.

Artículo 5. Normas de Uso.

1. Los caminos públicos se destinarán al tránsito de personas, animales y vehículos agrícolas de transporte de personas y de mercancías, sin perjuicio de que en uso de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la Junta de Andalucía dicte las disposiciones que correspondan.

2. En el supuesto de concurrir circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad de uso o semejante —el paso de maquinaria de construcción, pruebas deportivas, circulación de materiales peligrosos—, y de conformidad con los artículos 30. 2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 57. 1 del Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, el usuario deberá solicitar la licencia correspondiente al Ayuntamiento. En este supuesto, el Ayuntamiento podrá exigir, con carácter previo, garantías suficientes para responder de los posibles daños y perjuicios que dicho paso pudiera ocasionar, así como el abono de la tasa correspondiente, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

3. En el supuesto de que deba realizarse alguna modificación en el camino como consecuencia de obras particulares, el interesado deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización, siendo necesario presentar junto a la solicitud una Memoria explicativa y documentación justificativa de las obras pretendidas. Previamente el Ayuntamiento, a la vista de la solicitud establecerá las condiciones oportunas exigiendo, en su caso, un aval por cuantía que se determine para responder de los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar o denegará motivadamente dicha modificación.

Artículo 6. Conservación.

1. La conservación de los caminos de titularidad municipal corresponderá al Ayuntamiento titular de los mismos.

2. Todos los propietarios de las fincas limítrofes a los caminos tendrán la obligación de mantener y limpiar debidamente las cunetas colindantes a sus propiedades.

Artículo 7. Prohibiciones.

Con carácter general queda prohibido a cualquier vehículo circular a velocidad superior a 50km/h en aquellos caminos con una anchura de entre 6 y 8 metros. En los caminos de anchura igual o inferior a 6 metros, no se podrán sobrepasar los 30km/h.

Se establece con carácter general una limitación de peso por eje de 11’00 Tm.

Se respetarán, en todo caso, las limitaciones y prohibiciones que se establecen en la Normativa sobre tráfico de circulación de vehículos del Estado.

Igualmente se prohíbe con carácter general:

- Instalar o colocar cualquier obstáculo sobre el camino que impida, dificulte o menoscabe el uso y disfrute del mismo por otros usuarios.

- Arrojar objetos o líquidos de cualquier naturaleza.

- Deteriorar el camino por hacer un uso no adecuado del mismo.

- Construir cualquier tipo de edificación o colocar cualquier tipo de objeto, valla, instalación o plantación a una distancia inferior a lo establecido en el planeamiento urbanístico vigente con respecto a 4 metros al eje del camino o al linde del mismo.

- Cualquier acto que menoscabe la libertad de movimiento de los usuarios o que suponga un uso abusivo de los caminos.

- Circular arrastrando objetos de cualquier tipo.

- Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las mismas supongan riesgo de pérdida de firme, desprendimiento o reducción de los citados caminos.

Artículo 8. Limitaciones de Uso.

El Ayuntamiento, puntualmente y mientras duren las circunstancias que lo hagan aconsejable, podrá establecer limitaciones de uso en los siguientes casos:

a) Durante los períodos de reparación y conservación de los caminos.

b) Cuando el estado del firme así lo aconseje por razones de tonelaje.

c) Cuando se produzcan eventos con afluencia de usuarios numerosa o masiva con motivo de romerías, concentraciones, etc. Estas limitaciones podrán consistir en especiales limitaciones de velocidad, sentido único de marcha para vehículos en determinadas ocasiones y todas aquellas que sean necesarias a juicio del Ayuntamiento para preservar la seguridad de las personas y bienes.

d) Se podrá, en casos de autorización de competiciones deportivas (carreras pedestres, ciclistas, motociclistas o automovilísticas) cerrar al uso general el camino o caminos por donde discurran durante el tiempo indispensable para su desarrollo.

Artículo 9. Licencia para Uso Común Especial.

Los interesados en realizar un uso común especial del camino, entendiendo por interesado, organizadores y responsables, y sin perjuicio de otras autorizaciones, deberán solicitar licencia para uso común especial:

- Para la celebración de eventos de afluencia numerosa o masiva (salvo que se trate de actos populares tradicionales tales como romerías).

- Paso con vehículos que sobrepasen el tonelaje permitido.

- Competiciones deportivas.

- Cualquier otro uso que suponga un aprovechamiento especial.

El procedimiento para otorgar estas licencias se iniciará mediante solicitud del interesado con propuesta concreta y propuesta de seguro y aval para cubrir daños por el deterioro especial y riesgos; deberá emitirse informe de los Servicios Técnicos con propuesta de medidas técnicas a adoptar y un análisis de riesgos de la Policía Local y medidas que se propongan para su minimización.

Artículo 10. Acceso a fincas.

1. El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las fincas privadas y establecer, con carácter obligatorio, los lugares en que tales accesos puedan construirse por razones técnicas.

2. Los accesos a las fincas deberán contar con autorización municipal previa, corriendo todos los gastos de construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos.

Artículo 11. Retranqueo.

1. El retranqueo de edificaciones, vallados, alambradas y carteles respecto de los caminos, estará conforme a lo dispuesto en el correspondiente Planeamiento Urbanístico vigente para cada caso concreto.

2. En todos los casos el retranqueo mínimo será de 4 metros respecto al eje del camino o 2 metros respecto al linde del mismo.

3. El cerramiento de mampostería u obra de fábrica queda prohibido, excepto en los casos de uso para explotaciones ganaderas. La altura máxima del cerramiento será de 2,00 metros.

Artículo 12. Plantaciones.

No se podrán efectuar plantaciones de árboles frutales o forestales cerca de los caminos sino a la distancia de 4 metros respecto al eje del camino. Esta distancia se reducirá en un metro cuando se trate de plantaciones de arbustos, viñas, etc. (árboles bajos).

Artículo 13. Infracciones.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ordenanza.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, en función de la intensidad de la perturbación ocasionada y los daños causados.

1. Se consideran infracciones leves:

a) Arrojar objetos de cualquier tipo sobre el camino.

b) Circular sin licencia específica con un tonelaje de hasta el 50% superior al permitido para cada camino.

c) Cualquier conducta antijurídica y contraria a esta Ordenanza y que no tenga la consideración de grave o muy grave.

2. Se consideran infracciones graves:

a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que menoscabe o dificulte el uso y disfrute del mismo por el resto de usuarios.

b) Organizar competiciones deportivas, pedestres o ciclistas sin la correspondiente licencia, así como cualquier otro tipo de concentración masiva de personas o vehículos cuando no se trate de actos populares tradicionales.

c) No respetar las limitaciones que hubiera establecido el Ayuntamiento con motivo de la realización de obras de reparación y conservación de los caminos.

d) Circular sin licencia específica con un tonelaje superior al 50% del permitido para cada camino.

e) Arrojar cualquier objeto al camino o a sus linderos que suponga un riesgo grave para personas o bienes.

f) Cualquier uso común especial del camino sin haber obtenido previamente licencia.

g) Circular arrastrando objetos de cualquier tipo.

h) Efectuar labores agrícolas en terrenos colindantes a los caminos cuando las mismas supongan riesgo de pérdida de firme, desprendimiento o reducción de los citados caminos.

3. Se consideran infracciones muy graves:

a) Instalar cualquier objeto sobre el camino que impida el uso y disfrute del mismo por el resto de los usuarios.

b) Organizar competiciones deportivas, automovilísticas o de cualquier vehículo a motor sin la correspondiente licencia o infringiendo gravemente los términos de la misma.

Artículo 14. Medidas.

Como consecuencia de la infracción cometida se podrá proceder, según los casos, a adoptar las siguientes medidas:

a) Apertura del expediente sancionador e imposición, en su caso, de la multa correspondiente.

b) Paralización inmediata de la obra o actuación, o suspensión de usos no autorizados.

c) Reposición de las cosas a su estado anterior a cargo del infractor.

d) Indemnización por los daños y perjuicios que la obra o actuación haya podido ocasionar.

Artículo 15. Cuantía de las Sanciones.

1. De conformidad con el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y con los artículos 167 y 168 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, previa ponderación en cada caso de la infracción cometida, la perturbación de la convivencia que ello suponga, el riesgo que se haya provocado, la intencionalidad y la intensidad del daño, se impondrán las sanciones siguientes:

- Las infracciones leves se sancionarán con multa de 60,10 a 3. 005,06 €.

- Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3. 005,07 a 15. 025,30 €.

- Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 15. 025,31 a 30. 050 €.

En cualquier caso, todo daño causado a los caminos, aun a título de simple inobservancia, deberá ser reparado a costa del causante.

2. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por el infractor, la sanción será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado, con el límite máximo previsto en el artículo 166 del Decreto 18/2006, de 24 de enero.

Artículo 16. Graduación de las Sanciones.

El Ayuntamiento debe tener en cuenta para la graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, entre otros, los siguientes criterios:

a) La cuantía del daño causado.

b) El beneficio que se haya obtenido por el infractor.

c) La existencia o no de intencionalidad.

d) La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma naturaleza, cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes.

e) Las circunstancias personales y económicas objetivamente establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 17. Resarcimiento de los Daños Causados.

Conforme al artículo 167. 4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en ningún caso el Ayuntamiento puede dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden jurídico infringido y reponer los bienes al estado exigido por su destino, cuando ello sea posible.

Por ello, en todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños y perjuicios a bienes municipales, la resolución del procedimiento podrá, declarar:

- La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción.

- La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya quedado determinada durante el procedimiento.

Artículo 18. Potestad Sancionadora.

Conforme al artículo 167. 1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y al artículo 21. 1. n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde dentro del ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades judiciales en el caso de que los hechos puedan constituir delito o falta.

Artículo 19. Procedimiento Sancionador.

1. No se podrá imponer sanción alguna sin la previa tramitación del expediente al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 12 y 15 del citado Real Decreto, en cuanto a actuaciones previas y medidas de carácter provisional.

2. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por el propio Ayuntamiento o por denuncia de particulares.

3. Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho y la obligación de denunciar las infracciones a esta Ordenanza. Las denuncias, en las que se expondrán los hechos considerados como presuntas infracciones, darán lugar, cuando proceda, a la incoación del oportuno expediente cuya resolución será comunicada a los denunciantes.

Artículo 20. Prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS DE RAZAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y DE OTRAS RAZAS.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación de la tenencia de animales potencialmente peligrosos por la concesión de una licencia que otorgara el Ayuntamiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y su Reglamento de desarrollo, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. Además de regular la tenencia de perros de razas no consideradas potencialmente peligrosas y su presencia en las vías del municipio.

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial, tal y como dice la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Fuerte del Rey, deberá ser cumplida por toda persona física o jurídica, y afectará a todo el que esté empadronado en este Municipio.

Artículo 3. Animales Potencialmente Peligrosos.

A los efectos previstos en el artículo 2. 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos:

a) Los perros que pertenecen a estas razas o que están cruzados:

- Pit Bull Terrier.

- Staffordshire Bull Terrier.

- American Staffordshire Terrier.

- Rottweiler.

- Dogo Argentino.

- Fila Brasileiro.

- Tosa Inu.

- Akita Inu.

b) Los perros, salvo que se trate de perros-guía o de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición, que reúnan todas o la mayoría de las características siguientes:

- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

- Pelo corto.

- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 Kg.

- Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.

- Cuello ancho, musculoso y corto.

- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculoso y corto.

c) En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones a personas o a otros animales.

En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por la Autoridad competente atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o habilitado por la Autoridad competente autonómica o municipal.

Artículo 4. La Licencia Municipal.

Toda persona que quiera ser propietario de un animal potencialmente peligroso, tanto de un perro de una de las razas referidas en el artículo anterior como de un perro con todas o la mayoría de las características enumeradas en el citado precepto, deberá solicitar previamente una licencia.

La obtención de una Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos devengará una tasa municipal. La cuantía quedará fijada en su correspondiente Ordenanza fiscal.

Para la tenencia de cualquier otro tipo de perro de características distintas a las enumeradas en el artículo anterior, no será necesaria la tramitación de licencia alguna, salvo en el supuesto c) del artículo 3. En dicho caso una vez considerado el animal por la autoridad competente como potencialmente peligroso, a tenor de los informes recibidos, deberá tramitarse la licencia en el plazo de un mes posterior a la notificación.

Artículo 5. Órgano Competente para Otorgar la Licencia.

El Alcalde-Presidente de la Corporación será el competente para poder otorgar las Licencias para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en cumplimiento del artículo 21. 1. q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 6. Requisitos para la solicitud de la Licencia.

Para obtener la Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos se necesita acreditar los siguientes requisitos:

- Ser mayor de edad.

- No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por Resolución Judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

- Certificado de aptitud psicológica y física.

- Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una cuantía mínima de 120. 000 euros.

- No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las recogidas en el artículo 13. 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

Artículo 7. Plazo.

La Licencia tendrá un período de duración de cinco años, tras el cual deberá ser renovada por períodos sucesivos de igual duración y por el mismo procedimiento.

La Licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir con los requisitos necesarios para que le sea concedida.

Cualquier variación de los datos que figuran en la Licencia deberá ser comunicada por su titular, en el plazo de quince días desde que se produzca, al Alcalde.

Artículo 8. Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

El titular de la Licencia de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro Municipal dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se ha obtenido la correspondiente Licencia, debiendo aportar los siguientes datos:

- Los datos personales del propietario.

- Las características del animal.

- El lugar habitual de residencia del animal.

- El destino del animal, a:

- Convivir con los seres humanos.

- Finalidad distinta, por ejemplo, la guarda, protección. . .

Artículo 9. Identificación.

Tanto en el caso de perros potencialmente peligrosos como en los no encuadrados en esta categoría, los propietarios, criadores o tenedores tendrán la obligación de identificar el animal mediante un microchip, que deberá implantarse al animal.

Artículo 10. Obligaciones de los Tenedores.

Aplicables a todo tipo de perros:

- Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de dos metros. Bajo ningún concepto se permitirá la presencia de perros sueltos en la vía pública, salvo en los lugares habilitados para tal fin.

- El propietario, o la persona que circunstancialmente conduzca al perro será responsable de la limpieza de cualquier suciedad que pudiera generar.

Únicamente aplicables a perros potencialmente peligrosos:

-El titular de la Licencia tiene la obligación de solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente Licencia.

- La presencia de animales potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la Licencia administrativa y la certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

- Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal, apropiado para la tipología racial de cada animal, en lugares y espacios públicos.

- Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

- Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar determinado, deberán estar atados, a no ser que disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que acceden o se acerquen a estos lugares.

- La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.

- La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá comunicarse al Registro Municipal.

- Por el traslado de un animal potencialmente peligroso de una Comunidad Autónoma a otra, si es por un período superior a tres meses o de manera permanente, deberá efectuar las inscripciones oportunas en los Registros Municipales.

- En las hojas registrales de cada animal se hará constar igualmente el certificado de sanidad animal expedido por la Autoridad competente que acredite, anualmente, la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

Artículo 11. Infracciones y Sanciones.

A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. El conocimiento por parte del Ayuntamiento, ya sean de oficio o por denuncia, de la comisión de alguna de las infracciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en el ámbito de sus competencias, avalará el inicio del expediente sancionador.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:

- Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie, y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.

- Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin Licencia.

- Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de Licencia.

- Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.

- Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.

- La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.

Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:

- Dejar suelto un animal potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal.

- Dejar suelto cualquier tipo de animal en lugares públicos no sujeto con cadena.

- El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley.

- La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las Autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.

- La no recogida de los excrementos en la vía pública de cualquier animal, potencialmente peligroso o no, por parte de su propietario o persona que lo conduzca.

Tendrán la consideración de infracciones leves el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, que no se regulen como infracción grave o muy grave.

Serán de aplicación las sanciones del artículo 13. 5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

- Las infracciones leves, están sancionadas con multa desde 30,00€ hasta 60,00€.

- Las infracciones graves, desde 60,10€ hasta 150,00€.

- Las infracciones muy graves, desde 150,10€ hasta 300,00€.

Las infracciones graves y muy graves, podrán llevar aparejadas sanciones accesorias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

El plazo del que disponen los actuales tenedores, propietarios, criadores de animales potencialmente peligrosos es de 3 meses, desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza, para la solicitud de la Licencia.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65. 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PREVENCIÓN, PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD,s).
Exposición de motivos:

La gestión de los residuos de la construcción y demolición en los núcleos urbanos se ha constituido en un problema de primera magnitud al que las Administraciones municipales están buscando soluciones, ayudadas por los avances técnicos y normativos.

En el término genérico, de residuos domésticos se incluyen escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, cuya gestión como servicio público básico corresponde a los Ayuntamientos. Por otro resulta necesario establecer una planificación, ordenación y control de la gestión de todos los residuos generados en la construcción y demolición, también denominados escombros. Entre estos últimos, se encuentran los procedentes de demoliciones, vaciado de solares y en general todos los producidos por obras en los inmuebles, que representan un volumen considerable y que de alguna manera reúnen características específicas, y que se denominan genéricamente por la normativa y los Planes Nacionales, Autonómicos y Provinciales: Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

La regulación de las condiciones en que deben ajustarse las obras y trasladarse los materiales de desecho, e incluso de las características que debe reunir los lugares en que se depositen, han sido recogidas en el Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén.

Para la regulación de la gestión de estos residuos es necesario propiciar y/o implantar las siguientes medidas:

- Aplicar el principio de jerarquía; Prevención; Preparación para la reutilización; Reciclado; Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y Eliminación.

- Existencia de medios para la gestión de los RCD, en los que se puedan efectuar el almacenamiento temporal y/o tratamiento.

- Información sobra la gestión de estos residuos.

- Control del transporte de escombros, tierras y otros materiales sobrantes de las construcciones generadas en el municipio.

- Control del volumen de RCD producidas por las obras y la cantidad que sea registrada de entradas en las Plantas de Reciclaje autorizadas;

- Control de la Licencia de obras a través de la fianza para responder a la aplicación de la ley en cuanto a la gestión de los RCD conforme a la normativa.

- Vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas con establecimiento de un sistema de sanciones para los supuestos específicos.

Todos estos principios se encuentran recogidos en las siguientes normas, en virtud de las cuales se redacta la presente ordenanza:

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

- LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

- LEY 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

- Plan Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010- 2019.

- Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén.

Artículo 1.-Objeto.

Es objeto de la presente Ordenanza Municipal la regulación de las actividades de:

1. º. ) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:

a) La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil. (Art. 2. c. 1. º. RD. 105/2008).

b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. (Art. 2. c. 2. º. RD. 105/2008).

2. º. ) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria:

Obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del numero de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. (Art. 2. d. RD. 105/2008).

Artículo 2.-Definiciones.

«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.

«Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

«Residuo de construcción y demolición»: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3. a) de la Ley 22/2011, se genere en una obra de construcción o demolición.

«Residuo inerte»: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

«Productor de residuos»: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.

«Productor de residuos de construcción y demolición»:

1. º. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2. º. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

«Poseedor de residuos»: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión de residuos.

«Poseedor de residuos de construcción y demolición»: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

«Negociante»: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos.

«Agente»: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos.

«Gestión de residuos»: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.

«Gestor de residuos»: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

«Recogida»: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.

«Recogida separada»: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.

«Reutilización»: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

«Tratamiento»: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación.

«Valorización»: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II de la Ley 22/2011 se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.

«Preparación para la reutilización»: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

«Reciclado»: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.

«Eliminación»: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.

En el anexo I de la Ley 22/2011 se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación.

Artículo 3.-Competencias.

I) Corresponde a las Comunidades Autónomas:

a) La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de gestión de residuos 5

b) La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.

c) El registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en su ámbito competencial.

d) El otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE) n. º. 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los traslados en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados.

e) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.

f) Cualquier otra competencia en materia de residuos no incluida en los apartados 1, 2, 3 y 5 de este artículo.

II) Corresponde a las Entidades Locales:

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.

b) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.

c) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.

d) Las Entidades Locales podrán:

1. º. Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia.

2. º. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17. 3.

Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos ha dicho sistema en determinados supuestos.

3. º. A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.

4. º. Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local.

Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales.

e) La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas a autorización ambiental integrada o unificada.

f) La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental para la sostenibilidad.

III) Corresponde a las Diputaciones Provinciales:

Competencias de asistencia a los municipios:

1. Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en:

a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.

b) Asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.

c) Asistencia material de prestación de servicios municipales.

La Ley de Bases de Régimen Local indica en su artículo 31. 2. “Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en particular: a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal”.

Artículo 4.-Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.

El Ayuntamiento condiciona el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte del productor de residuos de construcción y demolición de una fianza, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.

Para el establecimiento de la fianza, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con los siguientes condicionantes:

4. 1.-Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada ano natural deberá mantenerse durante los cinco anos siguientes.

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

4. 2.-En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1. º. , 2. º. , 3. º. , 4. º. y 7. º. de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.

Artículo 5.-Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición.

5. 1.-Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4. 1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

5. 2.-El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

5. 3.-La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011.

5. 4.-El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

5. 5.-Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t.

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.

Metal: 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t.

Plástico: 0,5 t.

Papel y cartón: 0,5 t.

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

5. 6.-El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

Artículo 6.-Obligaciones del gestor de residuos de construcción y demolición.

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

Artículo 7.-Contenedores para obras.

A efectos de este título se entiende por “contenedores para obras” aquellos recipientes metálicos o de otro material resistente incombustible, de tipos y dimensiones normalizadas internacionalmente, especialmente diseñados con dispositivos para su carga y descarga mecánica sobre vehículos especiales de transporte, destinados a depósito de materiales de toda clase o recogida de tierras o escombros procedentes de estructuras en construcción o demolición de obras públicas o edificios. Son de uso obligatorio en obras con producción de residuos superiores a un metro cúbico.

La actividad de alquiler y uso de contenedores para obras están sujetas a autorización municipal y sólo podrán ser usados por los titulares de la misma.

1) Los contenedores para la recogida de estos residuos tendrán una capacidad máxima de 30 metros cúbicos.

2) Dispondrán de los elementos precisos para su situación en la vía pública, así como para su manejo y recogida.

3) Deben tener visible el nombre, razón social y teléfono de la empresa propietaria.

4) Deberán estar numerados, con las cifras grabadas para garantizar su permanencia.

5) Una vez llenos, los contenedores deberán taparse con lona o cubiertos de modo adecuado, evitando vertidos de materiales residuales. Igualmente es obligatorio tapar los contenedores al finalizar el horario de trabajo.

6) En los ángulos superiores deberán tener una franja reflectante de 40 x 10 centímetros a uno de los ocho lados, manteniéndolas siempre en perfecto estado de limpieza y conservación y en óptimas condiciones de visibilidad.

Normas de colocación:

1) Los contenedores se ubicarán, de ser ello posible, en el interior de la zona vallada de obras, en cuyo caso no generarán declaración al Ayuntamiento.

2) Podrán situarse en calzadas donde esté permitido el estacionamiento, en las aceras con tres o más metros de ancho y en cualquier otra ubicación que cumpla con los requisitos de paso establecidos en estas normas de colocación.

3) Preferentemente se situarán frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo posible, y de forma que no impidan la visibilidad a los vehículos, especialmente en los cruces, respetando las distancias establecidas por el Código de Circulación a efectos de estacionamiento.

4) Deberán colocarse de forma que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la acera, excepto en aquellos tramos que tengan estacionamiento en batería. Cuando se hallen en la calzada deberán situarse a veinte centímetros del bordillo y en caso alguno podrán sobresalir de éste, todo de modo que no impidan la libre circulación de las aguas superficiales.

5) No podrán situarse en los pasos de peatones, ni frente a éstos, ni en los vados, ni en las reservas de estacionamiento. En ningún caso podrán colocarse, total o parcialmente, sobre las tapias de accesos de servicios públicos, sobre los alcorques de los árboles ni, en general sobre contenedores o sobre cualquier elemento urbanístico o estético que pueda dificultar su utilización normal o en casos de emergencia.

6) Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido el espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de paso de un metro como mínimo, una vez ocupado el contenedor. Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede libre en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros. No se podrán instalar contenedores en las calles de anchura menor a cuatro metros, ni en las aceras, ni en la calzada.

7) Los contenedores situados en la calzada, estarán a 0,20 metros de la acera, de modo que no impidan la circulación de aguas superficiales hasta la red de alcantarillado.

8) Se exigirá para ciertas ubicaciones, y estará especificado en la licencia correspondiente, que al anochecer y, específicamente, cuando se ponga en funcionamiento el servicio de alumbrado público, se enciendan lámparas rojas durante toda la noche y horas de escasa luz natural en las esquinas del contenedor.

9) Los servicios municipales podrán proceder a la limpieza de la vía afectada y a la retirada de tierras y escombros, reputándose a los responsables los costos correspondientes al servicio prestado, ello sin perjuicio de la sanción correspondiente. Serán responsables subsidiarios los empresarios promotores de obras y trabajos que hayan originado el transporte de estos materiales.

Normas de utilización, obligaciones y responsabilidades:

1) La instalación y retirada de contenedores para obras se realizará sin causar molestias.

2) Los contenedores de obras deberán utilizarse de modo que su contenido no se vierta o no pueda ser esparcido por el viento. La carga de materiales no excederá el nivel del límite superior. No se autoriza la colocación de suplementos para aumentar su capacidad.

3) El titular de la licencia será responsable de los daños causados al pavimento de la vía pública y demás elementos estructurales y de ornato de la ciudad, daños a terceros y, en general por lo especificado en las prohibiciones respecto a producción y vertido de tierras y escombros. Está obligado a retirar en cualquier momento, y siempre que sea requerido por la autoridad municipal, las tierras y escombros vertidos en lugares no autorizados.

4) No se podrán verter escombros o materiales que contengan elementos inflamables, explosivos, nocivos, peligrosos, susceptibles de putrefacción, de emitir olores desagradables o que por cualquier otra causa puedan constituirse en insalubres, molestos, nocivos, incómodos, peligrosos o inseguros para los usuarios de la vía pública, vecinos o para la protección y estética del ambiente donde estén ubicados.

5) Queda prohibido depositar muebles inservibles, trastos viejos y similares.

6) Al retirarse los contenedores en cada vaciado, deberá dejarse en perfecto estado de limpieza, orden y estética la superficie de la vía pública y las áreas circundantes que hayan sido afectadas por su uso.

Normas de retirada:

1) En todo momento se cumplirán las condiciones exigidas para el transporte, cubriendo la carga para evitar que los materiales puedan dispersarse, asegurándola si existe riesgo de caída y cumpliendo, en general, las prescripciones establecidas previstas en el Código de Circulación. Si la retirada se efectuara en horas nocturnas o de escasa visibilidad natural, la señal deberá ser reflectante.

2) La empresa transportista dispondrá, como máximo, de cuarenta y ocho horas para retirar los contenedores llenos. A requerimiento de la administración municipal se retirarán en el plazo máximo de seis horas hábiles. Entre dos usos sucesivos de un mismo contenedor en idéntico lugar se hará una retirada y, al menos, un día sin implantación.

3) En el caso de haberse ubicado estos contenedores en la vía pública deberán retirarse:

- En cuanto estén llenos y siempre en el mismo día en que se produzca su llenado.

- En cualquier momento, a requerimiento de los agentes de la Autoridad Municipal.

- Al expirar la licencia de obras.

- En todo caso, deberán retirarse antes de los cinco días de su instalación.

4) El tiempo máximo de ocupación de un contenedor en la vía pública es de diez días, salvo en aquellos casos que exista permiso especial o cuando el Ayuntamiento, para alguna zona del municipio, estableciera limitaciones por circunstancias singulares.

5) En caso de haberse producido algún deterioro en el pavimento, en el mobiliario urbano o en algún árbol o elemento de estética, deberá comunicarse inmediatamente a la Administración, dando los datos de la empresa transportista, la usuaria del contenedor, el lugar y cualquier otra circunstancia.

Autorización municipal:

1) Para la obtención de autorización municipal se requieren los requisitos siguientes:

Solicitud al Ayuntamiento por parte de la empresa transportista para establecer contenedores en la vía pública, presentando licencia fiscal, tarjeta de transporte, memoria de la empresa y seguro de responsabilidad civil ilimitado.

Requerirán autorización especial los contenedores que se pretendan instalar en zonas diferentes de calzadas, donde esté permitido, el aparcamiento, o en las aceras y, en caso de las obras trabajos que impliquen un uso continuo y prolongado de contenedores por más de diez días.

2) Los contenedores situados en el interior acotado de las zonas de obras de la vía pública, o interior de los inmuebles, no precisan autorización del Ayuntamiento, debiendo ajustarse las características de utilización y transporte a las demás prescripciones de la presente ordenanza.

Horarios de recogida:

El horario de recogida y transporte de contenedores no tiene fijación ni limitación.

Deberá atenderse a evitar al máximo las molestias al ciudadano por lo que es recomendable no utilizar, en áreas habitadas, los horarios nocturnos.

Deberá evitarse colaborar a la congestión del tráfico en aquellas áreas y horarios de alta densidad comercial o de ciudadanos y vehículos.

Artículo 8.-Fianza.

Para el otorgamiento de la licencia municipal de obras, las personas o entidades productoras tendrán que constituir a favor del ayuntamiento una fianza o garantía financiera equivalente, a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados.

No se podrán conceder licencias municipales de obra sin que se haya constituido previamente la fianza, la cual se reintegrará a la persona o entidad productora en el momento en el que acredite el destino correcto de los residuos mediante la entrega de, según el caso:

a) El certificado expedido por la persona o entidad gestora autorizada que acredite la operación de valorización y eliminación a la que han sido destinados los residuos, de acuerdo con el modelo del Anexo I, de la presente ordenanza.

b) El certificado de idoneidad de la gestión emitido por la dirección facultativa.

8. 1.-El cálculo de la fianza o garantías financieras se realizará fijándose las cuantías sobre la base del presupuesto total de la obra, aplicando los siguientes porcentajes sobre el presupuesto de ejecución material de los proyectos para obras mayores:

a) Para obras de derribo: 2%.

b) Para obras de nueva construcción: 1%.

c) Para obras de excavación: 2%.

No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente dicha fianza.

8. 2- En el caso de obras menores, con carácter general la fianza para obras menores será de:

- 90,00 euros para las obras de presupuesto inferior a 3.000,00 euros.

- 150,00 euros para las obras de presupuesto entre 3.000,01 euros y 6.000,00 euros.

- 210,00 euros para las obras menores de importe superior.

En el caso de licencias para sustitución de tejas que impliquen sustitución de cubiertas o forjados, se estarán a los porcentajes previstos para el caso de las licencias de obra mayor, con un porcentaje mínimo de 350,00 euros.

8. 3.-Obras exentas de licencia municipal. Las obras promovidas por las administraciones y entes públicos, las declaradas de interés y utilidad general del Estado, o declaradas de interés autonómico por la Junta de Andalucía, y los proyectos e infraestructuras cuyo ámbito territorial sea supramunicipal, tendrán que cumplir con las obligaciones de gestión definidas en esta ordenanza, así como constituir una fianza o garantía financiera equivalente, del ayuntamiento correspondiente, para asegurar la correcta gestión de los residuos generados.

La forma de constitución de la fianza y el importe de la misma se determinan en base al presupuesto total de la obra, aplicándole los criterios de cálculo establecidos en párrafo anterior.

8. 4.-Tramitación de la fianza.

Una vez analizada la documentación (proyecto y ficha de evaluación de RCDs) por los técnicos municipales, se procederá a indicar la fianza que debe aportar el productor de los RCDs con arreglo a los porcentajes previstos en la presente Ordenanza. Si toda la documentación se encuentra conforme los técnicos informarán favorablemente.

En el caso que los RCDs generados en una obra tengan un destino que implique su uso directo en labores de regeneración u otros autorizados por los técnicos del Ayuntamiento, se procederá por parte de éstos a informar de las medidas de control correspondientes para que el destino sea el indicado en la licencia.

Los RCDs producidos en la obra serán transferidos a un gestor autorizado. Después de acabada la obra el gestor emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados procedentes de dicha obra y lo entregará al solicitante de la licencia.

El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCD emitido por el gestor se adjunta en el Anexo I, se presentará en el Ayuntamiento en el término máximo de treinta días a contar desde su libramiento por el gestor.

Una vez presentado, los Servicios Técnicos Municipales procederán a su comparación con la “ficha de evaluación de RCD”. Si ambos documentos son coincidentes se devolverá la fianza. Si los documentos no son coincidentes el interesado deberá justificar debidamente las diferencias, en cuyo caso se devolverá la fianza.

En caso de que las diferencias no resulten justificadas debidamente a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento podrá ejecutar la fianza para su aplicación a los gastos que conlleve la ejecución subsidiaria, si fuere necesario, así como para la reposición de los terrenos en que se hubieran realizado los vertidos a su estado original, si hubiere lugar a ello, y para el cobro de la sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera imponerse a resultas del correspondiente procedimiento sancionador.

Será requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación de una edificación y para el otorgamiento de licencia de apertura de cualquier local que haya obtenido licencia de obras, acreditar la presentación del certificado y comprobación a que se refiere el apartado anterior.

Cuando se detecte algún defecto de cálculo, la Administración, previa rectificación de las valoraciones o de las operaciones matemáticas efectuadas, podrá requerir al solicitante la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante.

La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El importe de la fianza, será devuelto cuando finalice la obra, previa presentación de los documentos emitidos por la dirección facultativa en los que se acredite la finalización de la obra y la conformidad de que los residuos se han gestionado cumpliendo lo especificado en la resolución.

Artículo 9.-Infracciones.

9. 1.-Las infracciones sobre actividades relacionadas con los residuos se clasifican en muy graves, graves y leves.

9. 2.-. Son infracciones muy graves:

a) El ejercicio de una actividad descrita en la presente ordenanza sin la preceptiva autorización.

b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier otro tipo de residuos, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.

d) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales.

e) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en esta ordenanza.

f) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.

9. 3.-Son infracciones graves:

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.

b) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación.

c) La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean obligatorias.

d) La obstrucción a la actividad inspectora o de control del Ayuntamiento.

e) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el artículo anterior, cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.

9. 4.-Son infracciones leves:

a) El ejercicio de una actividad descrita en esta ordenanza sin que se haya efectuado, en su caso, el correspondiente registro administrativo.

b) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el artículo anterior cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de graves.

c) Acceder al recinto del vertedero sin aportar el documento acreditativo de pago correspondiente.

d) Cualquier infracción de lo establecido en esta ordenanza o en las estipulaciones contenidas en las autorizaciones, cuando no esté tipificada como muy grave o grave.

Artículo 10.-Sanciones.

a) En el caso de infracciones muy graves las multas serán desde 5.001,00 euros hasta 15.000,00 euros.

b) En el caso de infracciones graves las multas serán desde 751,00 euros hasta 5.000,00 euros.

c) En el caso de infracciones leves las multas serán de hasta 750,00 euros.

Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido, y grado del daño causado al medio ambiente o del peligro en que se haya puesto la salud de las personas.

Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, los infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.

Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, de acuerdo con lo establecido en el aparato anterior, los órganos competentes podrán acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo al Art. 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente.

ENTRADA EN VIGOR.

La presente Ordenanza entrará en vigor, tras la implantación del sistema supramunicipal de gestión de RCDs y una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto integro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65. 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2/2044, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


Fuerte del Rey, a 11 de junio de 2012.- El Alcalde-Presidente, JosÉ Luis Murillo FernÁndez.

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